Con anterioridad a las reformas constitucionales del 2005 era el inicio del período legislativo ordinario. Su su objetivo constitucional es que el (la) Presidente de la República rinda cuenta anual de su Gobierno. Sin embargo, actualmente se utiliza para definir el rumbo de la agenda pólitico-legislativa. Su seguimiento año a año permite evaluar el nivel de cumplimiento de las promesas presidenciales.
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